El
principal saldo del resultado electoral del pasado 7 de julio es que se ha
consolidado el poder autocrático del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas,
quien de ahora en adelante no solamente seguirá controlando a los tres poderes
públicos del estado, así como a los organismos descentralizados, sino que
también ha dejado en claro que él solamente hace política en Puebla y como
parte de esa actitud acabó con la pluralidad interna de todos los partidos
políticos en la entidad. Algo que no sucedía por lo menos desde el gobierno de
Alfredo Toxqui Fernández de Lara, en los años 70.
La
administración de Moreno Valle transitó de un comportamiento autoritario –que
caracterizó a los gobiernos priistas que lo antecedieron– a una posición
autocrática, la cual se define como el gobierno que recae en una sola persona,
que no tiene límites y no necesita de ninguna otra fuerza política para
gobernar.
Y
es que contrario a lo que se piensa de que el PRI es el principal damnificado
por el resultado electoral del pasado 7 de julio, todo apunta a que en el
mediano plazo la fuerza política que más va a sufrir la actitud autocrática del
mandatario es su propio partido, el PAN, ya que por enésima vez lo usó para
contender en un proceso electoral, pero de nueva cuenta se alista a olvidarlo,
marginarlo y perseguir a algunos de sus integrantes que sean críticos del Poder
Ejecutivo.
Ejemplo
de lo anterior es que aunque por primera vez en su historia el PAN –por medio
de la coalición Puebla Unida– ganó la elección en casi todos los distritos del
estado, algo que parecía imposible apenas hace unos cuantos años, no será
ningún panista el que encabece el Congreso.
Si
nos atenemos a la distribución de fuerzas que existe en la coalición Compromiso
por Puebla resulta que al Congreso llegarán 14 diputados que formalmente fueron
postulados por el PAN, seis por el PRD –aunque cuatro son ajenos en todo a esta
fuerza política–, cuatro por el Partido Nueva Alianza y dos por Compromiso por
Puebla, lo cual planteaba que como mínimo los panistas tendrían que tener
control del Poder Legislativo. Eso no será así.
El
Congreso será controlado por Fernando Manzanilla Prieto, Jorge Aguilar Chedraui
y Patricia Leal, quienes tienen como principal característica que aunque fueron
candidatos panistas en realidad son personajes ajenos al PAN; le deben el
inicio de sus carreras políticas a gobiernos del PRI y son parte del equipo
personal de Rafael Moreno Valle Rosas. Ninguno de ellos hace política por sí
solo, únicamente se dedican a obedecer ciegamente al mandatario y por esa razón
los puede cambiar de cargo o responsabilidad en el momento en que lo decida y
sin permitir la más mínima objeción.
Otro
ejemplo es la actitud asumida por Antonio Gali Fayad, el ganador de la alcaldía
de Puebla, quien a lo largo de la campaña electoral se mostró como panista,
pero apenas unos días después de que ganó las votaciones sin ningún pudor
definió que no se va a afiliar al Partido Acción Nacional u a otra de las
agrupaciones políticas que lo postularon.
Gali,
de antecedentes priistas, a diferencia del actual edil Eduardo Rivera Pérez, no
va a llegar a encabezar el ayuntamiento con panistas, sino con un equipo de
trabajo que le autoricen desde el Poder Ejecutivo, ya que su actitud seguirá
siendo la de ser parte del círculo cercano a Moreno Valle, pero nunca la de ser
un gobernante que dialoga, disiente o llega a acuerdos con el mandatario, al
que seguirá viendo como su jefe.
Eduardo
Rivera, a lo largo del actual trienio, tuvo el enorme mérito de haber impreso a
su gobierno un sello personal, de haber sido una administración municipal
basada en los preceptos de Acción Nacional, que estuvo encabezada por panistas
y que hizo obras y emprendió proyectos al margen de las directrices del Poder
Ejecutivo. Ese comportamiento desde ahora se percibe que no ocurrirá con Gali
Fayad.
Otro
hecho significativo es que antes de la elección haya claudicado la principal
crítica de Moreno Valle, la ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno
federal Ana Teresa Aranda, a quien se le vio apoyando a Antonio Gali Fayad,
pese a que este último era un arribista en el Partido Acción Nacional.
Los
únicos críticos que quedaron en el albiazul son la ex diputada federal Violeta
Lagunes y el ex funcionario municipal Miguel Ángel Labastida, quienes
cuestionaron que en el PAN no se cumplió con las normas estatutarias para
postular a Antonio Gali. Se sabe que en ese partido ya se están preparando
sendos recursos para buscar echarlos del albiazul, no por su actitud rebelde,
sino porque atacaban los intereses del gobernador.
Con
ello el PAN ha perdido la capacidad crítica y de generación de propuestas de
gobierno que le caracterizó en las últimas cuatro décadas y que le permitía,
aunque tuviera una presencia mínima en el Congreso, ganar importantes espacios
de opinión pública y verse siempre como una fuerza de derecha, pero con valores
democráticos y que buscaba la modernidad política.
Esa
condición crítica por la que pasa el PAN también se observa en el PRI y el PRD.
De los nueve legisladores que tendrá el tricolor, luego de Pablo Fernández del
Campo, el actual dirigente del tricolor, el resto no tiene los tamaños para
asumir el papel de opositores, pues unos son bisoños y frívolos, como José
Chedraui Budib, Juan Carlos Natale y Geraldine González Cervantes; y otros de
plano son controlados por el gobierno del estado, como son los casos de Silvia
Tanús Osorio, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Rosalío Zanatta Vidaurri y
Leobardo Soto Martínez.
En
el PRD el panorama es desolador. Aunque habrá seis diputados locales
supuestamente propuestos por este partido, la mayoría son ex priistas
controlados por Moreno Valle Rosas, y solamente hay dos auténticos militantes
de dicha expresión política: Socorro Quezada y Julián Rendón. La primera es
manejada por la corriente Nueva Izquierda, que es la que vendió al partido al
morenovallismo, y el segundo de ellos es un ex empleado del gobierno del
estado.
Por
tanto, el PRD será un cero a la izquierda.