UNA RACIÓNALIDAD PARA EL PODER
Las políticas económicas de la Junta chilena y sus resultados deben ser colocadas en el contexto de un amplio proceso contrarrevolucionario que persigue restituir a una pequeña minoría el control económico, social y político que perdió gradualmente durante los últimos treinta años, y particularmente en los años del Gobierno de la Unidad Popular.
Hasta el 11 de Septiembre de 1973, la fecha del golpe, la sociedad chilena se había caracterizado por la creciente participación de las clases trabajadoras y los partidos políticos en la toma de decisiones económica y social. Desde aproximadamente 1900, a través de los mecanismos de la democracia representativa, los trabajadores habían ininterrumpidamente ganado nuevas posiciones de poder económico, social y político. La elección de Salvador Allende como Presidente de Chile fue la culminación de este proceso. Por primera vez en la historia una sociedad intentó construir el socialismo por medios pacíficos. Durante el período de Allende, hubo un marcado mejoramiento en las condiciones del empleo, la salud, la vivienda, la propiedad de la tierra y la educación popular. Y mientras esto ocurría los grupos nacionales privilegiados y los intereses extranjeros dominantes se sintieron seriamente amenazados.
A pesar de la fuerte presión financiera y política desde el exterior y de los esfuerzos por manipular las actitudes de las clases medias mediante la propaganda, el apoyo popular para el gobierno de Allende aumentó significativamente entre 1970 y 1973. En Marzo de 1973, sólo cinco meses antes del golpe militar, hubo elecciones parlamentarias en Chile. Los partidos políticos de la Unidad Popular aumentaron su participación en los votos en más de un 7% en comparación con la elección presidencial de 1970. Esta fue la primera vez en la historia de Chile que los partidos políticos que apoyaban la administración en el poder ganaban votos en una elección celebrada al promediar el período presidencial. La tendencia convenció a la burguesía nacional y a sus sostenedores en el extranjero que serían incapaces de recuperar sus privilegios mediante un proceso democrático. Por ello resolvieron destruir el sistema democrático y las instituciones del Estado, y, a través de una alianza con los militares, tomarse el poder por la fuerza.
Eh tal contexto, la concentración de la riqueza no es una excepción, sino la regla; no es el resultado marginal de una situación difícil -como les gustaría que el mundo creyera- sino la base de un proyecto social; no es un sacrificio económico sino un éxito político temporal. Su real fracaso no es su evidente incapacidad para redistribuir la riqueza o para generar un camino más parejo de desarrollo (no son éstas sus prioridades), sino su incapacidad para convencer a la mayoría de los chilenos que sus políticas son razonables y necesarias. En resumen, ellos han fracasado en destruir la conciencia del pueblo de Chile. El plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de 100.000 personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión.
Mientras los "Chicago boys" han proveído una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de "laissez-faire" y a la avidez política de la vieja oligarquía agraria y alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han aplicado la fuerza bruta requerida para alcanzar esos objetivos. Represión para las mayorías y "libertad económica" para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda.
Hay por lo tanto, una coherencia interna entre las dos prioridades centrales anunciadas por la Junta después del golpe de 1973: la "destrucción del cáncer marxista" (que ha llegado a significar no sólo la represión de los partidos políticos de la izquierda, sino también la destrucción de todas las organizaciones de trabajadores democráticamente elegidas y toda la oposición, incluyendo los democratacristianos y les organizaciones de la iglesia),el establecimiento de una "economía privada" libre y el control de la inflación "a la Friedman".
Es absurdo en consecuencia, que aquellos que inspiran, apoyan o financian esa política económica traten de presentar su participación como restringida a "consideraciones técnicas", mientras aparentan rechazar el sistema de terror que requiere pera lograr sus objetivos.
(1) Los dos países con las siguientes más altas tasas de inflación en 1975 fueron Argentina, con 312% y Uruguay con 68.1%. Ambos son países con economías capitalistas dependientes que aplican modelos de represión política y "libertad económica" al estilo de la Junta.
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